FUENTE_ el economista
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El Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria de España (CGCOAPI), entidad que preside Jaime
Cabrero García, ha solicitado al Consejo de Estado que tenga en cuenta
en su dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios
Profesionales (LSCP) un elenco de propuestas con el objetivo de que el
consumidor obtenga un asesoramiento profesional y se evite el riesgo de
que se produzcan fraudes en las transacciones del sector inmobiliario.
Los
Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria entienden
que la tramitación de la futura LSCP constituye una oportunidad
histórica para poner en valor a los colegios profesionales y los
beneficios que ofrecen a la sociedad con su actual estructura,
perfectamente compatible con el espíritu de la Directiva de Servicios.
Por este motivo, las alegaciones que el CGCOAPI ha
presentado al Consejo de Estado resaltan sus funciones públicas, en
concreto la ordenación del ejercicio profesional y el control
deontológico. El sentir de estas peticiones se esfuerza en llamar la
atención en ciertas carencias del actual texto que, si son tenidas en
cuenta, sin duda ofrecerán más seguridad jurídica a los consumidores y a
los profesionales que operan en el mercado inmobiliario.
Así, el Consejo General de los Apis cree que se deberían
reforzar las obligaciones de los profesionales y que así quede reflejado
en el texto, por lo que pide que se incluya, entre otras, la obligación
del cumplimiento del Código Deontológico de la profesión.
Reforzar este aspecto no sólo ofrecerá más garantías de
protección a los consumidores, sino que permitirá reforzar la aportación
que realizan a la sociedad los colegios profesionales.
En este sentido, los Apis creen que en el actual
anteproyecto existe una previsión de excesivo control y tutela por parte
de la Administración sobre los colegios profesionales que podría ser
inconstitucional, ya que olvida que los colegios profesionales tienen
funciones públicas encomendadas por la Ley para garantizar su
independencia.
Otra de las cuestiones que los Apis entienden que debe
mantenerse es la competencia de los colegios profesionales para la
elaboración de las listas de peritos para designación judicial. Si se
otorga esta competencia al Ministerio de Justicia se introducirá más
burocracia y lentitud en el funcionamiento de los juzgados. Los colegios
actualmente proporcionan una garantía de profesionalidad y eficacia al
facilitar quiénes están preparados para ayudar a los jueces tribunales
en los procedimientos judiciales.
Por último, los colegios de pertenencia voluntaria deberían
poder reservar y utilizar para sus colegiados ejercientes la
denominación de la profesión, como es en su caso la de ?agente de la
propiedad inmobiliaria?, ya que esta limitación es una discriminación
hacia los colegios de inscripción voluntaria y produce confusión a los
consumidores, que no podrán contar con la garantía de saber si acuden o
no a un profesional que está colegiado y que se somete a control
deontológico.
